Consecuencias en Chile de un proceso constituyente sin partido

Las manifestaciones de octubre de 2019 dieron lugar a una reforma constitucional que permitió realizar un plebiscito sobre la necesidad de iniciar un proceso constituyente en Chile. La victoria del “Apruebo” con un 78,3% de los votos válidos dio paso a la elección de una Convención constitucional paritaria en mayo de 2021 (78 hombres y 77 mujeres) que contó, en su interior, con 17 escaños reservados a los pueblos originarios. Finalmente, de los 155 miembros electos, 48 convencionales provenían de listas independientes a los partidos políticos (31%) y 40 más fueron elegidos en papeletas de partidos en los que no militaban, ascendiendo el porcentaje de independientes al 57%. Asimismo, si incluimos en ese grupo los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, el porcentaje de independiente se eleva al 67% de la convención y el número de convencionales que militan en partidos políticos se reduce a solo 50 escaños.

Esa composición de la Convención constituyente no solo ejemplifica el debilitamiento de los partidos tradicionales en Chile durante este “momento constitucional” (no así en las elecciones al Congreso, a Gobernadores regionales y en las municipales; como indican los datos del Servel 1 y 2), sino que ha afectado al proceso constituyente en un doble sentido:

  1. Las normas y reglamentos de la Convención. Normalmente, en una negociación entre partidos, la dinámica que se genera es de cesión. Es decir, como poseen ideologías omnicomprensivas, el marco común de entendimiento no puede más que conseguirse mediante la reducción de los propios programas máximos. En cambio, por ahora, la dinámica de la Convención constitucional chilena está siendo la contraria. Dado que la mayoría de independientes son abanderados de causas específicas en relación a las cuales no pueden ceder, los acuerdos sobre las normas y los reglamentos de la convención se han alcanzado por agregación. Así pues, y a diferencia de los procesos constituyentes liderados por partidos, en Chile, para conseguir aprobar los reglamentos han tenido que ser incorporadas explícitamente casi todas las demandas existentes en forma de principios rectores (véanse como ejemplo los artículos 3 y 64 del reglamento general de la Convención).
  2. La dinámica en las Comisiones. La gran cantidad de independientes no solo ha dejado sin efectos la disciplina de partido, sino que también ha supuesto la inexistencia de unos interlocutores únicos que lleven a cabo la negociación sobre los contenidos. Ya no hay diversas posturas partidistas que deben llegar a un acuerdo, sino una multiplicidad de convencionales dialogando entre sí con el objetivo de tejer una pluralidad de alianzas. Como consecuencia de ello, algunos convencionales, quizá por su postura menos extremada, han acabado asumiendo un papel de interlocutores entre las posturas más encontradas con el fin de alcanzar un consenso o redactado de mínimos en cada una de las comisiones. De tal manera que, en el proceso constituyente chileno, aquellos “fontaneros” de cada partido que facilitaban normalmente los acuerdos entre ellos han sido substituidos, cuando es necesario y de forma espontánea, por convencionales que son tácitamente aceptados por el resto para favorecer los acuerdos.

Asimismo, y aunque las discusiones sobre el contenido todavía son incipientes, será importante ir analizando los límites a la capacidad de acordar de los convencionales independientes con respecto a sus causas. Mientras las normas y reglamentos de la Convención pueden desarrollarse en la lógica de la agregación de demandas por ser coyunturales, más difícil parece que pueda seguirse la misma lógica para el texto constitucional. Por ello, a medida que el debate avance y las tensiones sobre el contenido incrementen, una parte nada desdeñable de los independientes deberá tomar una decisión: mantener las posturas máxima de sus partidos que les llevaron a ser convencionales o traicionar una parte de las mismas actuando bajo la lógica de la cesión para que el proceso constituyente no se bloquee.

Por último, está todavía por ver si la reciente elección de Gabriel Boric como presidente de Chile fortalece o debilita al proceso constituyente. Dado el relativo amplio margen de su victoria (55,87% del voto escrutado), es posible que nos encaminemos hacia un doble escenario político. Que extramuros de la convención el nuevo Gobierno trate de reforzar delante de la opinión pública la necesidad de que el proceso constituyente termine con éxito, pues como ya ha afirmado el presidente “si le va bien a la Convención le va bien a Chile”. Y, al mismo tiempo, que las posturas acaben enconándose en el interior de la convención. Por un lado, porque los convencionales que estén próximos a los postulados de los partidos que dan apoyo al nuevo presidente caigan en la tentación de tener una menor predisposición al pacto por sentirse política y socialmente fuertes. Mientras que, por el otro, porque los sectores de la derecha puedan considerar que su rearme ideológico pasa por extremar sus posturas y oponerse posteriormente al proyecto de constitución en el plebiscito de salida (con voto obligatorio).

Sea como fuere, a estas alturas del proceso, cualquier desarrollo que no acabe en un gran pacto socio-político alrededor de una nueva constitución será un fracaso histórico. Por ello, si la altura de miras y el sentido de Estado de la clase política de un país es siempre importante, ahora para Chile resulta sin duda fundamental.

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