Cultura Jurídica y Democrática: una nueva asignatura de bachillerato en la Comunitat Valenciana

El Ministerio de Educación y Formación Profesional completó la pasada primavera el desarrollo reglamentario estatal de la LOMLOE, en ocasiones aún denominada «Ley Celaá» pese a que, como es sabido, la ministra epónima hace ya tiempo que traspasó la cartera ministerial a Pilar Alegría. El caso es que, tras la promulgación por parte del Estado de los correspondientes decretos en materia de enseñanzas mínimas y evaluación, las comunidades autónomas se han dado a la tarea de concretar, en ejercicio de sus competencias, ciertos elementos del currículo educativo y de la ordenación académica que la citada normativa básica deja en sus manos. Entre ellos destaca, por su importancia, la labor de organizar, con ciertos condicionantes, la oferta de las materias optativas en el ámbito de la secundaria y el bachillerato.

Pues bien, dentro de este marco normativo, la Comunitat Valenciana ha introducido, a través del Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato, una nueva asignatura optativa denominada Cultura Jurídica y Democrática. Se trata de una materia que se está ofertando, a elección de cada centro escolar, desde el presente curso 2022-2023 en primero o segundo de bachillerato con independencia de su modalidad. Con esta asignatura, que se asemeja hasta cierto punto a la catalana Ciutadania, política i dret  (otra optativa de bachillerato de creación autonómica iniciada este curso), el gobierno valenciano pretende subsanar, aunque sólo sea parcialmente, la inexistencia de una materia troncal y obligatoria a nivel nacional centrada en el ámbito del derecho y la política. Y es que la LOMLOE, como antes lo hicieron sus predecesoras, se ha limitado a incluir, por la vía de los denominados enfoques transversal e integrado, referencias esporádicas a esta clase de contenidos. Así, por ejemplo, la asignatura Educación en valores cívicos y éticos, de reciente implantación, presta cierta atención a la Constitución española o a los Derechos Humanos, pero, como ya sucedió en el pasado con otras experiencias similares, son aspectos del temario que, además de recibir un tratamiento escaso, se desdibujan en el contexto de una programación docente muy genérica y abigarrada.

La asignatura Cultura Jurídica y Democrática se ha podido materializar después de un largo e intenso proceso de negociación, liderado por la Facultad de Derecho de la Universitat de València, con distintos interlocutores de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. La pretensión inicial, cabe recalcarlo, fue la creación de tres materias distintas repartidas entre la ESO y el bachillerato. La primera, centrada en las bases del Estado y los Derechos Humanos. La segunda, en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, así como en proporcionar una idea general de la política y de sus actores principales. Y la tercera se planteó como una introducción al derecho, del mismo tipo de las que existen para la economía o la psicología. La Conselleria desestimó la primera de las asignaturas propuestas –aunque ofreció a las Facultades de Derecho entrar en la organización de actividades transversales sobre esa clase de contenidos en algunas asignaturas– y refundió las otras dos en una sola, si bien con mayor peso de la tercera que de la segunda en el resultado final. Sea como fuere, es de agradecer que la administración autonómica se mostrase receptiva desde un inicio ante la petición de llevar esta clase de enseñanzas a los centros educativos valencianos.

Por lo que respecta a los promotores de toda esta iniciativa, hay que decir que partieron de la firme convicción —que comparto plenamente— de que una juventud que comprenda conceptos jurídicos y políticos básicos contribuirá a generar una ciudadanía informada, responsable y crítica, capaz de afrontar los retos del futuro mediante la adquisición de aquellas competencias y habilidades necesarias e imprescindibles para su desarrollo personal y colectivo. No debe olvidarse que la calidad de una sociedad democrática depende, en buena medida, de la virtud cívica de los individuos que la conforman y, como en más de una ocasión se ha puesto de relieve, esa virtud se nutre, entre otros elementos, del conocimiento de los principios básicos del ordenamiento jurídico e institucional que rigen la vida de la comunidad política. Desde este punto de vista, la asignatura que aquí se da a conocer aborda nociones jurídicas básicas estructuradas en torno a ocho bloques que entroncan, de un modo más o menos claro, con distintas áreas del derecho:

1) Sociedad y derecho (Filosofía del Derecho);

2) Sociedad y relaciones supranacionales (Derecho internacional);

3) Persona y poderes del Estado (Derecho constitucional);

4) Persona y relaciones interpersonales (Derecho civil);

5) Persona y relaciones laborales (Derecho del trabajo y la Seguridad Social);

6) Persona e impuestos (Derecho financiero y tributario);

7) Persona y comportamientos sociales (Derecho penal y Derecho administrativo);

8) Persona y tutela judicial efectiva (Derecho procesal).

El objetivo que se persigue con este currículo es proporcionar al alumnado una formación general y de mínimos, esto es, ofrecerle una visión panorámica y práctica de las relaciones que existen entre la ciudadanía y las diversas ramas del derecho, tanto público como privado. Partiendo de esta premisa, y a fin de que todos los contenidos que integran la nueva asignatura se expliquen adecuadamente, la Facultad de Derecho de la Universitat de València se ha ofrecido a colaborar con la administración educativa autonómica en la formación del profesorado encargado de impartir esta materia, tarea esta última que, por el momento, se ha encomendado a los docentes de la especialidad de Formación y Orientación Laboral (FOL). Debe pensarse que un proyecto pedagógico de estas características perdería buena parte de su sentido y eficacia si no contase con profesionales lo suficientemente preparados. A tal efecto se están diseñando cursos específicos que se impartirán próximamente y que permitirán reforzar la capacitación de los educadores en los distintos aspectos que comprende el temario. Al mismo tiempo, se establecerá un sistema de consulta que permita a institutos y colegios visitar las Facultades jurídicas de la Comunitat Valenciana para conocer de forma personalizada su oferta formativa; del mismo modo, los centros de educación secundaria podrán pedir que profesorado especializado de esas Facultades se traslade a ellos para efectuar sesiones ad hoc de orientación sobre la nueva asignatura y sus contenidos.

No cabe duda de que el alcance de esta asignatura será limitado pues, como ya se ha apuntado antes, su oferta depende, de entrada, de la voluntad de cada centro y, además, su carácter es optativo y sólo en el marco del bachillerato, es decir, que no podrá ser, al menos por ahora, cursada por el estudiantado que no llegue a esta etapa postobligatoria de la educación. Con todo, quisiera recalcar que la creación de Cultura Jurídica y Democrática constituye un avance digno de reconocimiento pues, ante la contumaz inacción del Estado central en este terreno, se trata de una apuesta decidida por implementar la formación en conceptos jurídicos y políticos básicos de forma específica —y no solo transversal o integrada— en las enseñanzas medias.

Véase, con relación a esta temática, el reciente trabajo de Ignacio Durbán Martín, “La Constitución, una asignatura pendiente”, publicado en el último número de Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico.

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