¿Democracia sin pacto?

Estamos siendo testigos de la encomiable vocación pactista de Alemania al negociar un nuevo gobierno de coalición, de la transparencia del lento proceso de formación del gobierno y gestación de acuerdos de coalición. La proporcionalidad del sistema electoral y la subsiguiente fragmentación política hacen imprescindibles compromisos y coaliciones, como en muchos países europeos, y otro tanto ocurre con el federalismo cooperativo. El electorado percibe como deseable el acuerdo entre los partidos y castiga a quienes no lo impulsan o traicionan.

En el otro extremo, se sitúa España donde tenemos igualmente una fuerte fragmentación parlamentaria y andamos el camino de un primer gobierno nacional de coalición. Pero albergamos dos polos diferentes de agrupación, derecha/izquierda y unitarios/independentistas, en un multipartidismo polarizado. Tenemos intentos unilaterales de secesión en Cataluña, una simplificación de los mensajes políticos que dificulta la capacidad de entendimiento, y un complejo Estado cuasi federal que no acaba de habituarse a la colaboración y la coordinación. Bastante complicado. Pese a todo esto, entre nosotros, los pactos brillan por su ausencia en prácticamente todos los terrenos y desde hace demasiado tiempo. Nuestro problema no es la fragmentación sino una radicalización absurda, cuyas causas no es sencillo identificar, y que produce efectos muy negativos.

Los españoles fuimos capaces de unirnos en la transición y en la elaboración de la Constitución mediante transacciones recíprocas, alcanzando notables dosis de integración y un buen desarrollo constitucional en relativamente poco tiempo. Probablemente, amedrentados por la historia de nuestras sucesivas guerras civiles. Pero, desde mediados de los años noventa, el consenso desapareció y fue sustituido por una crispación cada vez mayor y con muchas dosis de artificialidad. Las relaciones entre gobierno y oposición son de constante enfrentamiento, y se fundan a menudo en el intercambio de magros eslóganes con acusado electoralismo. El resultado es una manifiesta ausencia de direcciones políticas de Estado que en nada beneficia la gestión de los intereses públicos. Quizás tenga algo que ver con la actitud de aquéllos que llevan tiempo defendiendo que la derecha perdió cuotas de poder en la transición por negociar; o la de quienes sostienen que la izquierda no hizo una buena revisión de la herencia de la dictadura, igualmente por las renuncias efectuadas en aras al consenso; o  la de aquéllos que creen que la tolerancia liberal no es una virtud democrática. Parecen creer que la historia puede escribirse en subjuntivo, confundiendo deseos e hipótesis con realidades, pretiriendo los hechos, u olvidando que lo mejor es enemigo de lo bueno. O acaso puede que la unilateralidad del movimiento secesionista, hasta hace poco nada abierto al diálogo, se haya contagiado transversalmente al igual que fueron creciendo los invidentes  en el “Ensayo sobre la ceguera” de Saramago. Una sociedad extraña donde los ciegos pueden acabar pensando que los diferentes son los otros.

Como consecuencia, nuestro escenario constitucional se parece más a una tierra devastada que a un terreno fértil. Son frecuentes las largas dilaciones indebidas en la renovación de los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial) y de los órganos auxiliares (Defensor del Pueblo, Consejo de Radio Televisión…) y habituales las negativas a afrontar los nuevos nombramientos, sine ira et studio, invocando muy variados pretextos. Las mayorías cualificadas para efectuar las designaciones parlamentarias se han erigido en excepciones dilatorias, o en simple lotización y reparto de cuotas, y no en invitaciones al consenso tal y como fueron pensadas. La apariencia de imparcialidad de la instituciones, su legitimidad y su buen funcionamiento se deteriora seriamente. Mas nos hemos acostumbrado a dar como inevitables estos verdaderos quebrantamientos de la Constitución, merecedores de sanciones como podría ser la pérdida de las facultades de designación por los incumplidores. Nadie asume públicamente la responsabilidad política de esos graves incumplimientos de la Constitución y admite haber pilotado el naufragio. Me temo que este ambiente deteriorado del circuito representativo y el entendimiento de la oposición como bloqueo se están trasladando a veces al funcionamiento interno de los órganos de garantía y a algunas de sus decisiones.

Las reformas constitucionales -en normas de rango constitucional o legal o en mejores prácticas- se han hecho inviables por la misma falta de la voluntad de pacto y de vivir en Constitución, desapareciendo una fuente del Derecho y de legitimidad que no es superflua sino muy necesaria para sanar de tiempo en tiempo la democracia, mientras la Constitución envejece lentamente y pierda capacidad de integración.  La idea de reforma es consustancial a la de Constitución como en cualquier Derecho codificado.

Buena parte de las leyes no pueden ser negociadas entre gobierno y oposición, en virtud de una estrategia de acoso y derribo o de rodillo, pese a que se ocupen de objetos sin una gran carga axiológica o politicidad. La oposición no cree ser parte de la acción del gobierno y se desentiende de ella, y la dirección política gubernamental no pretende o no logra la participación de las minorías en la decisión mediante técnicas inclusivas de democracia deliberativa. Disociar las funciones de oposición y de gobierno es una patología.

Las leyes con impacto territorial se aprueban en las Cámaras sin acuerdos con las CCAA sobre el contenido de las normas básicas y luego su implementación viene paralizada o directamente bloqueada por las mismas. Unas leyes válidas que devienen ineficaces según venimos denunciando en la valoración general del “Informe Comunidades Autónomas” año tras año citando numerosos ejemplos. De manera, que el impacto en la legislación es retórico y baldío el esfuerzo.

Tampoco se afrontan pactos políticos tras informes de expertos que aseguren la racionalidad de las reformas y, a la par, la estabilidad de las nuevas regulaciones en materias como son la educación, la lucha contra el desempleo juvenil, la financiación de la Seguridad Social, la financiación de las CCAA, el lugar de las Diputaciones provinciales, la organización de la función pública, las lenguas oficiales, la lucha contra la corrupción, o tantos otros asuntos pendientes que se acumulan sin resolver. La alternancia produce vaivenes legislativos que calan en el Estado lo mismo que el agua de mayo.

Hemos tenido episodios de fuertes críticas a nuestra representación política y a los partidos entre los más jóvenes. Tenemos un control parlamentario más apocalíptico y teatral que integrado y eficiente. Ha habido problemas de gobernabilidad durante unos años por las dificultades en alcanzar acuerdos de investidura y largos períodos de gobierno en funciones (hasta trescientos diez días). Se ha convertido en natural tanto la convalidación o conversión de un elevado porcentaje de decretos leyes, con más que discutible urgencia, como las dificultades en la aprobación de los presupuestos y su prórroga. La tendencia de los partidos al populismo y al espectáculo, a tratar a los ciudadanos como consumidores de eslóganes y no de ideas y razones, se ve acrecentada por la necesidad de una inmediata difusión de magros mensajes en las redes sociales con una fuerte carga emocional. Las agendas gubernamentales se sustituyen por una intensa comunicación digital.

Después de largos años de crisis económica desde la gran recesión de 2008, de desplome de los ingresos tributarios, austeridad y recortes en los derechos sociales, dista de ser evidente todavía que el programa de recuperación aprobado por la Unión, Next Generation, unas grandes inversiones decisivas para nuestra recuperación económica, vaya a ser rectamente aprovechado mediante programas que conlleven acuerdos de todas las administraciones implicadas y su colaboración. Ojalá no perdamos esta oportunidad.

Ni siquiera los tiempos del cólera, la emergencia ante el coronavirus, han reactivado la unión de los españoles para luchar con eficacia contra este desafío que ha causado millares de muertos y paralizado la vida y la economía. Nos hemos perdido en diversas controversias, enfrentamientos, desmarques e impugnaciones que no afrontaban a menudo la realidad de una situación excepcional y sus problemas principales. Otro pretexto para pelear.

En definitiva, que el corazón de la democracia representativa y de los principios republicanos sea el compromiso parlamentario es algo que no se percibe adecuadamente ni por muchos de nuestros dirigentes políticos ni por buena parte de la opinión pública. Con mayor razón, en un modelo que por el elevado numero de partidos con representación política y su acusada descentralización territorial no puede sino ser una democracia “consociacional”, fundada en el consenso. Pero no nos habituamos a la nueva cultura. Es verdad que el parlamentarismo siempre ha estado en crisis, que no hubo jamás una edad de oro, y que tiene una mala salud de hierro. No obstante, nuestra situación de permanente conflicto tiene ingredientes preocupantes, y la confianza en el Parlamento ha descendido.

Me pregunto qué hacer y no tengo respuestas. Los partidos políticos no obtienen réditos electorales por alcanzar compromisos responsables con lealtad constitucional y quizás ese sea el problema. Acaso algún sociólogo o politólogo pueda ofrecernos estadísticas que ilustren hasta que punto es rentable jugar a romper la baraja o, por el contario, si eso no es tan cierto. Recordemos que el viejo Montesquieu nos advertía los riesgos de algunas tribus que talaban los árboles para recoger los frutos. Puede que la recuperación económica incida en la mejora de las cosas. Pero no es la respuesta. Una democracia exigente no es sólo alternancia ni principio mayoritario ni el enfrentamiento en todos los temas en una campaña electoral permanente durante toda la legislatura. La regeneración de nuestra democracia pasa por alcanzar compromisos, respetar el pluralismo sin imponer la homogeneidad del demos, pero alcanzando pactos. Es preciso superar algunos vicios propios de una partidocracia y defender el valor de las instituciones y la direcciones políticas de Estado. Sin embargo, no parece que sea esa nuestra cultura política.

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