Dilaciones parlamentarias

Permítaseme en primer lugar felicitar a la dirección de la Asociación de Constitucionalistas de España por la puesta en marcha de este blog. Sin ninguna duda, representa una excelente oportunidad para expresar opiniones, comentarios o críticas, y estimular un diálogo en materias constitucionales que pueda dar lugar a  estudios más académicos.

Y aprovecho esa oportunidad para realizar alguna observación sobre un tema de innegable relevancia constitucional, como es la extrema dilación por parte del Parlamento en la elección de órganos de tanta trascendencia como el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, entre otros. Ciertamente, se trata de una cuestión que ha merecido amplios comentarios, tanto de tipo doctrinal como en los medios de comunicación social. Estos comentarios se han centrado sobre todo en lo que podríamos llamar el aspecto político del tema, esto es, la posición y conducta (y responsabilidad) al respecto de los partidos políticos y su proyección en las Cortes, los grupos parlamentarios. Ahora bien, hay otros aspectos que merecen atención, y cuya consideración pudiera colaborar a resolver la situación de bloqueo existente.  Me refiero al aspecto formal del procedimiento de elección y, más concretamente, al papel de las Cámaras y sus órganos directivos.

Sería olvidarse de la realidad y de la práctica consagrada en nuestro país el dejar de lado el papel decisivo de los partidos políticos en el procedimiento, en que se ha consagrado la elección mediante acuerdos consensuados siguiendo el sistema de cuotas. Pero ello es sólo un aspecto de la cuestión; no son sólo los partidos los protagonistas de ese procedimiento, y desde luego no son los protagonistas formales o, si se quiere, institucionales.

Nuestro ordenamiento encomienda la elección de ocho de los magistrados del Tribunal Constitucional y de todos los vocales del Poder Judicial a las Cámaras, que son por tanto (y no los partidos) los sujetos formales activos del proceso.  Y las Cámaras actúan al impulso de sus órganos directivos, esto es, la Mesa y la Presidencia.  Valga señalar que la Ley Orgánica de Poder Judicial subraya ese aspecto en cuanto al Consejo al disponer literalmente que “los presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. La cuestión que se plantea es, pues, cómo los órganos directivos de las Cámaras y especialmente sus presidencias, deben llevar a cabo adecuadamente la función que deriva de los mandatos constitucionales y legales, impulsando el procedimiento de elección.

No cabe negar que resulte prudente por parte de esos órganos directivos, antes de iniciar los trámites del procedimiento de elección, dar un margen a los partidos políticos para que lleguen a acuerdos que faciliten ese procedimiento. Pero si, como está ocurriendo en la actualidad, no se llega a esos acuerdos, no parece que ello suponga que  la dirección de las Cámaras quede  exonerada del cumplimiento de los mandatos de la Constitución y la ley. Sin negar la vinculación de esos órganos a los partidos políticos, connatural a todo régimen parlamentario, no cabe considerar que los órganos de las Cámaras sean exclusivamente una correa de transmisión de las direcciones de los partidos. La Constitución, la ley y los Reglamentos de las Cámaras les encomiendan unas tareas de obligado cumplimiento; y por otro lado, y en lo que se refiere a la Presidencia de las Cámaras, por su elección por las mismas, ostenta una relevancia institucional que va más allá de su vinculación a un partido o grupo concreto. Valga recordar que en nuestro ordenamiento la Presidencia del Congreso es la segunda autoridad democrática del Estado en el orden de precedencias, y la Presidencia del Senado la tercera.

Estas instituciones tienen pues un papel (y un deber) de impulso y dirección que colabore con, y en su caso sustituya, la acción de los partidos. Actuaciones como la convocatoria para la presentación de candidatos dentro de plazos preclusivos, la convocatoria en su caso de las comparecencias de esos candidatos para su examen en Comisión, así como de las sesiones de Pleno para su elección aparecen por tanto, no sólo como actuaciones debidas, sino también como factores que pueden impulsar el acuerdo partidista. La convocatoria de presentación de candidaturas, en lo que corresponde a los grupos parlamentarios, coloca a esos grupos ante la disyuntiva de iniciar el proceso o quedarse definitivamente al margen del mismo, una vez cerrado el plazo de presentación. A este respecto, no deja de llamar la atención que, mientras que en el caso del Consejo del Poder Judicial, esta convocatoria (respecto de los vocales “judiciales”) ya se ha realizado dentro de los mandatos legales por parte del Consejo (con la presencia, en este momento de cuarenta y ocho candidatos), no se ha llevado a cabo iniciativa alguna en ese sentido por parte de le dirección de las Cámaras. Por lo que atañe a la convocatoria de la elección por el Pleno, si es posible alegar que a falta de acuerdos partidistas no daría resultado, también es evidente que colocaría a los partidos políticos en la difícil posición de escenificar, en forma pública y formal, ante la opinión pública y ante sus mismos candidatos, la ausencia de voluntad de cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales.

Los órganos directivos del Parlamento no pueden escudarse indefinidamente en la falta de acuerdo de los partidos para incumplir sus obligaciones. Sería de desear que la normativa parlamentaria impusiera plazos vinculantes para la actuación de los órganos directivos de las Cámaras en estas materias. Pero la ausencia de esa normativa no puede justificar que esa actuación simplemente no se lleve a cabo y no se ponga en marcha el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial. Resultaría difícilmente comprensible que, en el peor de los casos, se agotase la legislatura y la Presidencia y las Mesas de las Cámaras no hubieran adoptado iniciativa alguna al respecto.

Comparte esta entrada:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.