El pacto del palacio real: modernizar la inviolabilidad del Rey

El presidente Sánchez ha comentado que hay que cambiar la inviolabilidad del monarca porque es producto de otra época, “una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia”; para lo cual ha propuesto pactar con el PP la reforma del artículo 56.3 de la Constitución.  Sin duda, mantener la inviolabilidad de “la persona del Rey” en la Constitución del 78 es un residuo de las venerables constituciones decimonónicas que la consideraban “sagrada e inviolable”. Sería muy oportuno la actualización de ese artículo para limitar la inviolabilidad exclusivamente a los actos que realiza en su condición de monarca y evitar que proteja todos sus actos, cualquier que sea su naturaleza. De esa forma se acabaría con el contrasentido de aplicarla a conductas que realiza como particular titular de derechos, pero sin el correlato de obligaciones exigibles judicialmente. Además, nos pondría a la cabeza de las monarquías parlamentarias europeas, que no tienen esa distinción a la hora de constitucionalizar la inviolabilidad de los monarcas. En cierta forma, serviría para compensar nuestro retraso en la regulación de la investidura, donde la Constitución de 1978 le da un papel al rey que ya no tienen los monarcas europeos.

Pero como en junio de 1978 la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso tuvo la poca afortunada idea de incluir todo el Título II dentro del procedimiento agravado de reforma (equiparando la reforma de la decisión política fundamental monarquía parlamentaria del artículo 1.3 con la de sus normas de desarrollo) resulta improbable que se logren los requisitos de dos tercios de las cámaras, su disolución automática y aprobación por referéndum que exige dicho procedimiento. En general, su dificultad no reside tanto en el quórum parlamentario (muchas normas se han aprobado con él, incluidas las dos reformas constitucionales), sino en lo que Niceto Alcalá-Zamora llamó el “espanto” de la disolución automática, que hizo imposible la reforma de la Constitución republicana en julio de 1935: según les vaya en las encuestas, algunos de los partidos políticos necesarios para alcanzar el quórum sentirá el espanto de perder su fuerza parlamentaria y se negará a apoyar la reforma.

Por esa imposibilidad práctica, me parece que vale la pena explorar la vía de la reinterpretación del artículo 56.3 de la Constitución, hasta hoy considerado protector die ac nocte de la persona que ocupe la corona. Somos muy pocos los juristas que hemos defendido la posibilidad de interpretarlo distinguiendo entre actos públicos y privados del rey, reservando la inviolabilidad solo para los públicos. En mi opinión dicha interpretación es perfectamente compatible con el texto constitucional: el artículo 56.3 de la CE no se limita a afirmar la inviolabilidad del rey (como hacia la de 1876) sino que inmediatamente agrega “Sus actos estarán siempre refrendados”; por ello, cabe considerar que los actos que no vayan refrendados (para simplificar el razonamiento me olvido ahora del artículo 65.2) no serán actos del rey, sino de la persona privada que ocupe la Jefatura del Estado. Como persona física que es, tiene capacidad de obrar con sus correspondientes derechos y, debería tener también, obligaciones. Interpretación minoritaria, por tanto, pero posible.

De esa forma se podría leer en 2021 el texto de la Constitución de manera distinta a la que se leía cuando se aprobó en 1978. Expresado en la jerga iuspublicista, se trataría de una mutación constitucional, de la que ya tenemos algunas experiencias previas. Unas muy compartidas (como el cambio de sentido del artículo 30.2 para permitir la supresión del servicio militar obligatorio) y otras más polémicas (como la interpretación evolutiva del artículo 32, que constitucionalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo). En cualquier caso, nada nuevo en el ordenamiento constitucional español efectivamente vigente. Nihil novum sub sole.

¿Y cómo se operaría ese cambio constitucional? Desde la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, asunto LOAPA, sabemos que no son admisibles las leyes interpretativas de la Lex Legum, por lo que está cerrada la posibilidad de una ley orgánica con este fin. Pero también sabemos que el desarrollo del Estado autonómico se realizó con dos convenciones constitucionales, los pactos autonómicos de 1981 y 1992, que desembocaron en un modelo bastante diferente al que tenían en mente los constituyentes en 1978.  Pues bien, se trataría ahora de hacer un pacto por la modernización de la Corona en el que el PSOE, el PP y todas las demás fuerzas políticas parlamentarias que lo estimaran conveniente (superando así los 3/5 y cumpliendo con los requisitos de George Jellinek para la validez de una mutación) firmarían que la inviolabilidad del rey garantizada en la Constitución es única y exclusivamente para sus actos públicos. Incluso se podría detallar qué se entiende por tales, intentando eliminar zonas borrosas que en el futuro pudieran originar disputas jurídicas.  El rey podría avalar ese pacto asistiendo a su firma, que de ser así parece que su lugar lógico debería ser el Palacio Real. Incluso podría hacer una declaración expresa aceptando esa nueva interpretación del artículo 56.3, bien de forma independiente, bien incluida en el discurso de Navidad, redactado por él mismo y no por el Gobierno.

Una vez puesta en marcha esa convención constitucional, los partidos firmantes del pacto del Palacio Real  presentarían una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a los aforamientos de la familia real (art. 55bis) anteponiéndole un párrafo en el que se especifique que las Salas competentes del Tribunal Supremo conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey en cuanto versen sobre actos particulares que se le atribuyan. No se trataría de una (inconstitucional) interpretación directa de la Constitución, sino de un más que comprensible aforamiento del titular de la Jefatura del Estado, similar a la que tienen los reyes eméritos y por las mismas razones que explicaba en detalle la Ley Orgánica 4/2014, que introdujo esos aforamientos.

Todo este procedimiento de la mutación constitucional puede parecer algo enrevesado, pero desde luego mil veces más fácil de transitar que el de la reforma constitucional. Solo se necesita un poco de buena voluntad; es más, de buena voluntad de unas cuantas personas, si somos sinceros analizando cómo funciona el sistema político español. Dixi et salvavi animam meam.

 

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MATERIALES

https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/4315/4369

https://aruizrobledo.blogspot.com/2014/06/el-estatuto-juridico-de-don-juan-carlos.html

Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23106

Ley 17/1999 servicio militar: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-11194

STC LOAPA: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/204

Acuerdos autonómicos de 1981: https://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol36/

http://idpbarcelona.net/docs/recerca/ccaa/pdf/documentos/acuerd_auton_gob_psoe_1992.pdf

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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rmimcQrOLJUJ:idpbarcelona.net/docs/recerca/ccaa/pdf/documentos/acuerd_auton_gob_psoe_1992.pdf  +&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d

http://www.cepc.gob.es/es/Publicaciones/Libros/colecciones?IDP=48

LOPJ: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666

LO 4/2014: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7368

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Una respuesta

  1. A mi juicio, en este caso, el principal problema con la reforma agravada del art.168 CE no está en la necesaria disolución automática del legislativo. Si existe el necesario consenso, se podría llegar al acuerdo entre las formaciones políticas de iniciar el procedimiento de reforma constitucional justo al final de la legislatura, por lo que en realidad la disolución de las Cámaras por el automatismo del 168 coincidiría con la disolución por el término de los cuatro años, así nadie pierde tiempo de mandato.
    El problema está con el referéndum. Dejando al margen el coste económico que tendría, no dudo que los españoles ratifiquen la reforma constitucional (tanto en lo referido a la inviolabilidad como a la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión). Sin embargo, tengo la convicción de que durante la campaña previa el referéndum habría formaciones políticas que pedirían un voto nulo premeditado (sustituir la papeleta oficial por otra con una bandera republicana), es decir, convertir, de facto, la consulta en un plebiscito sobre la propia Corona. Jurídicamente el voto nulo no tendría efecto, pero en términos políticos sería otra cosa. Adviértase que el voto nulo es voto no válido, pero se computa. ¿Qué pasaría si hubiera más de un 50% de voto nulo?, ¿podría seguir la monarquía cómo si nada hubiese pasado?
    Los referéndum los carga el diablo… Seguramente la proposición del prof. Ruiz Robledo no implican estas eventuales “complicaciones” añadidas a la de la reforma constitucional.

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