Los Estados Generales… digitales en Aix

“États Généraux”. Es una expresión muy habitual en el lenguaje de la comunicación política en Francia, para referirse a algunas iniciativas políticas de importancia, destinadas a abrir un amplio debate ciudadano sobre temas de interés general y en el que el Presidente de la República adquiere el protagonismo, fruto de la forma de gobierno propia de las instituciones creadas en 1958 con la V República.

Históricamente fueron célebres los últimos estados generales que, con notoria desgana, Luis XVI se vio obligado a convocar a los tres estamentos de la monarquía (clero, nobleza y representantes de las ciudades) a finales del régimen absoluto, para hacer frente a la crisis económica que debía afrontar Jacques Necker, su célebre director general de finanzas y Ministro de Estado. Su fracaso fue la antesala de la toma de la Bastilla y su conversión en la Asamblea Nacional.

Sin ir tan lejos en el tiempo, hace pocos días el Presidente Emmanuel Macron anunciaba en la ciudad de Poitiers la convocatoria de unos estados generales de la Justicia, una especie de gran consulta/debate para la fase final de su quinquenato. Obviamente ahora no se trata de reunir a inxistentes estamentos; la convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos y sectores sociales para debatir sobre el estado de la justicia en una plataforma abierta y participativa. Otro caso: hace unos pocos años el mismo Macron hizo lo propio para escuchar las propuestas de diversos sectores de la sociedad tras las crisis de los gilets jaunes.

Sin abandonar Francia, hace un par de meses se celebró en el sur del hexágono, en la ciudad provenzal de Aix-en-Provence, la reunión anual de la de la Table Ronde Internationale del Institut Luis Favoreu. Se trataba de su 37ª edicición. Este año el tema de debate fue “Constitution, libertés et numérique”. Esto es, el régimen constitucional y la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la protección de datos en la sociedad digital.

Tras los debates, la reunión del último día concluyó con la aprobación de una Charte de la Citoyenneté númerique. Una especie de Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la protección de los datos de la ciudadanía, producto –valga la generosa analogía por quien esto escribe- de unos modestos “estados generales” de dos días, sobre del derecho del Habeas Data en el universo del mundo digital.

Se trata una Carta surgida de la reflexión de un amplio grupo de académicos, cuyo alcance y posibilidades de influencia sobre los poderes públicos representativos, ciertamente, son las que son. Por no mencionar, la que puedan tener sobre las grandes corporaciones de la comunicación digital, esos auténticos factores del poder en el contexto digital. En este sentido, no es preciso ir muy lejos para ilustrar la capacidad que dichas corporaciones muestran para hacer abstracción o simplemente obviar los derechos ciudadanos derivados del Habeas Data. Sirva como ejemplo, la más que relativa trascendencia que ha tenido para Google, la sentencia de 13 de mayo de 2014, que resolvió la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en 2012, en el caso que Google Spain, S.L., Google Inc., y Agencia Española de Protección de Datos/ Mario Costeja.

En el ámbito siempre limitado de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos, constituye una regulación de los derechos de los ciudadanos frente al uso indebido por parte de poderes públicos y las corporaciones audiovisuales. Es la ley general sobre el tema. No obstante, y sin perjuicio de este ineludible referente normativo, el sentido que puedan tener los estados generales digitales celebrados en Aix, no dejan de significar un esfuerzo académico de sistematización de las diversas manifestaciones del derecho al Habeas Data en la sociedad digital.
Ahora bien, a fin de descartar equívocos conceptuales conviene puntualizar que, respecto de la citada sistematización de este derecho fundamental contenida en la Carta de los profesores reunidos en Aix, no se derivan nuevos derechos constitucionales. El Habeas Data es un derecho dotado de identidad y autonomía jurídica propia, como en su momento interpretó el Tribunal Constitucional español en tiempos institucional y hermenéuticamente más presentables. Pero del mismo no surgen derechos de nueva planta. Nada más parecido a la realidad. De lo que se trata es de derivaciones específicas de otros derechos fundamentales como los derechos a la información, a la intimidad, la reputación, a la educación, etc.

En su exposición de motivos se establece que la sociedad digital debe ser concebida y organizada de tal forma que los derechos fundamentales del ciudadano no se vean afectados por las actividades que realizan las instituciones públicas o privadas en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda, un loable desiderátum que la Carta concreta en cuatro secciones relativas a: la sociedad digital, los derechos y deberes del ciudadano y la responsabilidad de las instituciones públicas y privada.

Sobre la llamada sociedad digital, la Carta establece que toda persona tiene derecho a participar en la sociedad digital, sin que pueda ser excluida por razones económicas, sociales o culturales. Seguramente inspirándose en el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 relativo a la libertad de expresión, reconoce que podrán establecerse restricciones al ejercicio de este derecho fijadas por la ley si están justificados en una sociedad democrática, por la necesidad de preservar la seguridad nacional, combatir el crimen o proteger otros derechos e intereses.

Los derechos digitales los concreta de este modo: de entrada, introduce un derecho singular, el derecho de la persona a disponer de una identidad digital, cuya concreción la habrá de determinar el legislador. En cualquier caso, ninguna información al respecto puede aparecer en esta identificación sin que la persona en cuestión no lo sepa de antemano.

A partir de este presupuesto, toda persona tiene derecho a acceder a la red de Internet y a sus recursos, así como también al derecho a una educación específica que le permita acceder a los medios digitales y a utilizarlos, lo que naturalmente exige del Estado un notable esfuerzo en su actividad prestacional. Por otra parte, ello comporta el derecho de la persona a utilizar los medios digitales disponibles para ejercer los otros derechos y libertades fundamentales que la Constitución, la ley y los tratados reconozcan. En este sentido, cobra especial relevancia el uso de los medios digitales para ejercer los derechos políticos y de participación. Seguramente, el reto de asumir una futura regulación del voto electrónico no ha de quedar lejos en la actividad del legislador democrático.
En el ámbito de la actividad administrativa de los poderes públicos, la persona ha de disponer del derecho a optar por utilizar medios digitales o medios tradicionales de información y comunicación, para cumplir con las obligaciones que le sean impuestas en las condiciones que establezca la ley, por las instituciones públicas o privadas investidas de autoridad, y también por aquellas otras que desarrollen un servicio público o una actividad de interés general.

Desde la perspectiva de la específica protección de los datos personales de la persona, la Carta lógicamente también se refiere a los habituales derechos de acceso, información y rectificación bajo autorización judicial, y supresión de los datos almacenados por el administrador de los mismos, siempre en los términos fijados por la ley. Asimismo, reconoce el derecho de réplica cuando la persona haya sido mencionada por su nombre en una publicación o programa emitido por un medio digital. En este mismo terreno, se establece la prohibición del acceso digital de terceros a los datos personales recopilados, salvo en los casos excepcionales previstos por la Ley.
En el capítulo de los derechos digitales se incluye también derecho a verificar el uso que se hace de los datos personales y el destino que se les proporciona. De tal forma, la persona afectada ha de disponer de los medios necesarios para prevenir el tráfico ilícito de tales datos. En particular, del derecho a comprobar si los datos se están procesando de forma justa, para fines específicos y con su consentimiento o en virtud de un motivo legítimo previsto por la ley.

El reconocimiento del derecho al habeas data es reconocido a menos que la ley no disponga otra cosa por motivos relacionados con la preservación del orden, la seguridad o la salud pública. En consecuencia, el titular del derecho podrá invocar su protección cuando la información difundida afecte a su privacidad, las relaciones personales o familiares y haya sido difundida sin su conocimiento.

En lo que concierne a los deberes digitales, la Carta prescribe el deber de toda persona de verificar la veracidad de los datos que le conciernen y que se enumeran en una base de datos digital, así como también el deber de medir las consecuencias que conlleva directa o indirectamente al ejercicio de sus derechos digitales. En este caso, deberá prestar atención a la necesidad de garantizar los intereses de la sociedad y los derechos garantizados, con especial atención a la protección de la infancia y la juventud, sobre todo aquellos que hayan quedado a su cargo.
Finalmente, se establecen las responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas y privadas. Con carácter general, son requeridas a facilitar –se entiende, que conforme a las previsiones de la Ley- el acceso a la información que circula en forma digital, así como la producción, intercambio y difusión de esta información. Ahora bien, no pueden recopilar datos relacionados con las convicciones filosóficas, políticas o religiosas de una persona, su afiliación a partido o sindicato, vida privada u origen étnico. Salvo que medie el consentimiento expreso del interesado, en las condiciones previstas por la ley, o cuando se trate de datos recopilados con fines estadísticos, aunque en ningún caso podrá identificarse a la persona de la que procede la información.
Sin perjuicio del definitivo control judicial, la Carta otorga relevancia al control que ejercen las agencias o autoridades administrativas independientes, para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes digitales. Además, asimismo, de reconocer el valor que en este contexto puede tener el acceso al arbitraje, a través del derecho de la persona a ponerse en contacto con un servicio de mediación, con el fin de resolver las controversias que puedan surgir con ocasión de la aplicación de la Carta.

Como colofón, y en un desacomplejado ejercicio de autoestima, la asamblea académica de los estados generales digitales celebrados en la Universidad de Aix-Marseille, concluyó el redactado de la Carta de los derechos digitales estableciendo que las leyes relativas a la protección de datos personales han de ser actualizadas periódicamente y de conformidad con la Carta, al objeto de mantener el progreso científico y tecnológico de la sociedad digital. Y, por otra parte, sus principios y disposiciones han inspirar la acción Autoridades públicas europeas e internacionales.

En el plano teórico, no está nada mal.

(Texto en francés de la Carta)

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