Resumen Mesa 1 XIX Congreso ACE: Órganos constitucionales en tiempos de pandemia

En la mesa 1 hablamos del Covid y del papel de los órganos constitucionales en la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, con sus luces y sombras. La ponencia, la contra ponencia y las 9 comunicaciones presentadas, nos permitieron dialogar sobre el papel del gobierno y los parlamentos, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y hasta la Casa Real.

Carlos Garrido (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/Ponencia-Mesa-1.-Carlos-Garrido-4.pdf), acudió a la curiosidad del jurista persa (Cruz Villalón, 1981) para poner luz en “los dilemas que suscita la excepción fruto de la tensión existente entre el principio de necesidad, que no conoce reglas, y el derecho de excepción, que las impone”. Para hacerlo repasó exhaustivamente el desarrollo del estado de alarma en nuestro país, para centrarse en las decisiones del Gobierno y el Congreso de los Diputados durante la emergencia de la COVID-19 (la opción por el estado de alarma, las medidas adoptadas a su amparo, el mando único del primer estado, la delegación de autoridad en los presidentes de las CCAA…) para terminar analizando la respuesta del Tribunal Constitucional y concluir que nuestro modelo de excepción ha sufrido una verdadera mutación durante estos años y recomendar la recomposición de sus elementos.

Joan Ridao en su contraponencia (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/RESPUESTA-COMENTARIO-PONENCIA-ACE-ORG-CONSTITUCIONALES-JOAN-RIDAO.docx), tras criticar el activismo judicial durante la crisis por atacar el principio de la autotutela de la administración y generar numerosos problemas de interpretación, señaló algunos de los puntos más destacados de la acción del gobierno durante esta crisis sanitaria, analizando la evolución de la concentración de poderes a la cogobernanza, el debate sobre la prevalencia del estado de alarma sobre la legislación sanitaria, la afectación del estado de alarma en el plano autonómico. Al analizar el papel del Congreso de los Diputados hizo mención de la suspensión de plazos y la afectación del ius in officium según la STC 168/2021, de 5 de octubre, la prorroga de seis meses del segundo estado de alarma y la STC 183/2021, de 27 de octubre, la paralización de la actividad legislativa y el abuso de la legislación de urgencia. Para terminar revisando las dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto.

Entre las comunicaciones presentadas Andrés Dueñas (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/DUENAScomunicacion-ACE-22definitivo.pdf), estudió las prorrogas como momento de control parlamentario, o de actividad parlamentaria, criticando especialmente la duración de 6 meses porque dificulta la adaptación gradual y la revisión de las medidas. Señalando además la dificultad del control de la actividad de los órganos autonómicos delegados durante esta segunda prorroga.

Borja Sánchez Barroso (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/Borja-Sanchez.pdf), realizó un análisis del principio de precaución,  que permite a la administración adoptar medidas cuando se presente un riesgo aunque exista incertidumbre científica y suponga limites de derechos, en la doctrina del Tribunal Constitucional y sus efectos en la gestión de la crisis. Una extensión de normativas de otros ámbitos como el medioambiental, o la alimentación, que van desplazando el centro de la gestión de riesgos del legislativo al ejecutivo.

Carlos López Pico (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/MutacionConversionRDLCarlesLopez.pdf), se centró en describir la mutación del procedimiento de conversión de RDL en ley, a la luz del artículo 86.3 de la Constitución. Desde el análisis histórico de la evolución del uso del RDL, señalando que su utilización se duplicó en el periodo1999-2019, frente al uso realizado entre 1979-1999, para terminar advirtiendo sobre la aceleración sufrida durante el periodo legislativo de la crisis del COVID-19. El autor pasa a analizar el aumento de la conversión en ley de dichos RDLs, que ha alcanzado máximos históricos entre 2019-2021, analizando las principales particularidades de dicho procedimiento, en particular, el incentivo para la oposición de convertir los RDL convalidados así como los efectos de la tramitación mediante el procedimiento de urgencia o la no sujección de dicho procedimiento a la ley del gobierno.

Ignacio Alvarez (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/ComunicacionMesaIgancioAlvarez.pdf), realizó una descripción exhaustiva del papel del gobierno durante la crisis a la luz de sus funciones constitucionales de dirección política (interior y exterior), la dirección de la administración civil y militar y la defensa del Estado, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Para terminar analizando el control de sus actos, y el papel de los Altos órganos del Estado (Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas) durante la crisis.

Eddie Cajaleón (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/DDFFPPvirtuales-COVID-19-Febrero-2022.pdf), realizó un análisis comparado del funcionamiento del Parlamento durante la crisis, con especial énfasis en los derechos fundamentales de los parlamentarios en el funcionamiento virtual del Congreso. Centrándose en el caso peruano, pero analizando la práctica de países como el Reino Unido, España, Alemania, México, Brasil o Argentina,   abordó problemas planteados en todos los parlamentos del mundo en relación con el derecho a la palabra y el debate, o el ejercicio del voto de los congresistas.

José María Pernas, también analizó el papel del Parlamento en la aprobación de estados de alarma, cuando estos incluyan un confinamiento domiciliario, realizando una propuesta de mejora a la luz de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, que parece apuntar a que la práctica suspensión de un derecho fundamental, como la señalada exige una autorización previa del Parlamento. A la luz de esta jurisprudencia, el autor plantea cómo revitalizar el papel del Parlamento para autorizar este tipo de confinamientos domiciliarios, y qué reformas legales o constitucionales serían necesarias.

Sobre el Tribunal Constitucional, Pablo Fernández Casadevante  (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/Tribunal-Constitucional-y-COVID-19una-actuacioin-con-luces-y-sombras.pdf), mostró una visión crítica de las decisiones, especialmente con la demora en la respuesta, que autoexcluyó al Alto Tribunal de la respuesta, limitando su papel a sentar una serie de líneas para el futuro, algunas bastante criticadas.  Además, apuntó a ciertas contradicciones entre ambas sentencias, en las que se produce un tratamiento desigual, por ejemplo, del concepto de proporcionalidad.

Manuel Luis Pérez (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/comunicacion-tribunal-cuentas.docx), centró su trabajo en el papel de control externo del Tribunal de Cuentas, tanto en tiempos de pandemia como en los momentos posteriores, para señalar como la preeminencia del ejecutivo, indispensable en tiempos de crisis, no puede ir en contra de un control constitucional del gasto público, aun cuando este tenga que adaptar sus tareas a las mutaciones normativas presupuestarias, de contratación pública, subvenciones, ayudas, fondos… La imperiosa respuesta a la pandemia no debería ser una excusa para debilitar a las instituciones, sino una razón para fortalecer la integridad pública y la rendición de cuentas (accountability) y para que esto sea posible no se puede dejar de lado  la eficacia y la eficiencia del gasto público, con evidentes consecuencias en la gestión de esta y de futuras crisis no sólo de naturaleza sanitaria sino económica o social.

En la misma línea, Nicolás Aldea (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-13-Comunicacion-ACE-ACOES-21-22.pdf) se centró en el análisis del control de la estabilidad presupuestaria en España y la Unión Europea en tiempos de pandemia, analizando la figura de los consejos fiscales independientes y el régimen jurídico de la AIREF en España.

David Parra (https://www.acoes.es/wp-content/uploads/2022/03/com.-ACEdavid-parra.pdf), analizó un aspecto original, y poco tratado, el de la relación gobierno-corona durante la crisis, con un análisis cronológico de algunos de los acontecimientos y debates mantenidos durante la crisis en tono al papel de la Corona y su actuación.

En conclusión, de la mesa salimos convencidos de que la crisis deja muchos deberes para el legislador. Los restos de la legislación de emergencia, que requiere de una acción decidida que nos permita dar respuesta a situaciones similares, en un entorno en el que parece que el estado de crisis se ha convertido en una especie de normalidad.

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