Resumen Mesa 4 XIX Congreso ACE: Global constitutionalism and the COVID-19 pandemic

Tras la crisis económica de 2008, cuando se había regresado a una senda de crecimiento y los efectos de esta en el empleo iban quedando atrás, la pandemia provocada por el Coronavirus volvía a poner en peligro la estabilidad económica y ha requerido la adopción de una serie de medidas en todos los países. Medidas, por un lado, de salud pública, necesarias para reducir los contagios y evitar más muertes. Y, por otro, económicas, necesarias para mantener el empleo y las economías y no volver a entrar en recesión.

En el XIX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), la Mesa 4 “Global constitutionalism and the Covid-19 pandemic” se ha centrado en el análisis de las distintas medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria mundial provocada por el Covid-19 y el profundo impacto que la misma ha tenido en la toma de decisiones y en los principios esenciales de todo Estado de Derecho.

La jornada comenzó con la ponencia “Constitutional design and capacity to act: the European Union’s economic policy response to the Covid crisis”, en la que el profesor Bruno de Witte, de la Universidad de Maastricht, realizó un excelente análisis de cómo el Derecho Constitucional de la Unión ha abordado la crisis económica provocada por la pandemia y posibilitó adoptar el Plan de recuperación económica Next Generation EU. Aunque el diseño constitucional de la UE establecido en los Tratados está claramente menos preparado para tratar con situaciones de emergencia que las Constituciones nacionales, el profesor De Witte señaló cómo la Unión ha demostrado su capacidad para actuar, no tanto con respecto a la crisis sanitaria, pero sí con las consecuencias económicas de la misma. La respuesta económica a la crisis provocada por la pandemia representa un verdadero cambio en la política económica de la UE que ha sido posible gracias a una operación de ingeniería legal creativa por parte de las instituciones de la Unión y de sus servicios jurídicos. Para ello, el profesor De Witte expuso cómo se han reinterpretado bases jurídicas ya previstas en los Tratados – que permiten una acción de la Unión definida por un interés común a conseguir- para permitir a la UE actuar: en concreto los artículos 122 y 175 TFUE. Operación que destacó, no obstante, fue posible desde el momento en que se obtuvo el apoyo político de los Estados miembros y quedó claro que la financiación no iba a salir de los países más ricos, sino que se obtendría mediante la emisión de deuda por parte de la UE.

Los efectos de la crisis sanitaria mundial en el Estado de derecho y el imperio de la ley fueron examinados por la profesora Joelle Grogan, de la Middlesex University de Londres. Destacó cómo el estado de emergencia creado por la pandemia ha creado un ambiente para la adopción de decisiones que ha incentivado la necesidad de actuar sin someterse a control. Aunque el dominio del Ejecutivo -señaló la profesora Grogan- no es algo nuevo ni preocupante cuando está sometido a un control democrático, el problema se presenta allí donde la separación de poderes se ha visto debilitada y el Parlamento ha sido dejado de lado. En su ponencia “Covid-19, the rule of law and democracy.Analysis of legal responses to a global health crisis”, la profesora expuso ejemplos específicos extraídos de distintos países del mundo para resaltar tendencias y preocupaciones comunes, si bien puso un especial énfasis en la Unión Europea y sus Estados miembros. Dos críticas surgen en todos los países en relación con la legalidad y la seguridad jurídica, principalmente por la rapidez en la adopción de las decisiones así como en su implementación. Asimismo, en su exposición también reflejó las diferencias entre las medidas adoptadas en países autoritarios y países democráticos.

La última ponencia de la mesa corrió a cargo de la Dra. Cassandra Emmons de la Universidad de Harvard, que ofreció una detallada visión de la respuesta a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Aunque la Constitución estadounidense no contiene ninguna disposición que posibilite declarar un estado de emergencia, la profesora expuso cómo existen distintas leyes que proveen los poderes necesarios para situaciones de emergencia. Leyes que son de las que ha hecho uso el Gobierno de los Estados Unidos para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, y que ponen a disposición del Presidente ciento noventa y tres poderes que no requieren de ningún tipo de control (solo trece requieren la intervención del Parlamento y están relacionados con la entrada en guerra), lo que da al Gobierno libertad para actuar. Así, en Estados Unidos se pudieron adoptar las restricciones de movimientos (especialmente, la entrada al país desde otros lugares del mundo), el establecimiento de cuarentenas, el uso de fondos para hacer frente a la pandemia (vacunas, ayudas a trabajadores, etc) Medidas que pude observarse son similares a las que se han adoptado en otros países. Medidas que plantean el problema de si el Gobierno ha actuado en todo momento dentro de los márgenes de lo que es la situación de emergencia, es decir, si las medidas han sido proporcionadas, necesarias, no discriminatorias y temporales. La Dra. Emmons concluye que en el caso de Estados Unidos se pueden hacer críticas respecto a la necesidad y permanencia de ciertas medidas y que, en todo caso, es difícil hacer una evaluación ante la propia división del país, pues se ha visto como el individualismo se ha impuesto frente a la necesidad de actuar por el bien común.

Para finalizar, cuatro comunicaciones completaron las ponencias presentadas en la mesa 4. La comunicación presentada por el Profesor Carlos Garrido López analiza las fórmulas utilizadas para hacer frente a la situación excepcional provocada por la pandemia en los principales países democráticos, en especial los países de la UE; y los problemas que han surgido en términos de la compatibilidad de estas medidas con las garantías del imperio de la ley. La profesora Ainhoa Lasa López, por su parte, cuestiona en su comunicación la teoría de la vuelta a la soberanía de los Estados durante la gestión de la pandemia señalando que la legitimación del poder global del mercado persiste y que esta fase de intervención pública supranacional y estatal lo que en realidad hace es apoyar las condiciones para la reproducción de este. Y, por último, las dos comunicaciones restantes se centran en temas no tratados por las ponencias y comunicaciones anteriores. Por una parte, la presentada por el profesor Jorge Virguri, en la que examina las diferentes medidas adoptadas en el contexto de la pandemia por las Agencias nacionales de Protección de Datos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de protección de datos, que muestran cómo la respuesta institucional de la UE ha sido coherente mientras que a nivel nacional no ha sido lo suficientemente armonizada. Por otro lado, la presentada por la profesora María Garrote de Marcos y el profesor Ignacio Álvarez Rodríguez, que se centra en el caso español y cómo afectó la pandemia y el estado de alarma a ciertos derechos fundamentales, especialmente al derecho de reunión y manifestación y el derecho al sufragio. Se presta atención específica a medidas limitantes de los mismos, señaladamente el confinamiento, y las respuestas dispares e incluso contradictorias de los órganos jurisdiccionales antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

 

Covadonga Ferrer

Facultad de Derecho, UCM

Moderadora de la mesa

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