Resumen Mesa “Género y Constitución” XIX Congreso ACE

Además de una ocasión para el reencuentro, el XIX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, dedicado al análisis de la gestión de la pandemia provocada por el Covid-19, y de sus secuelas en nuestro orden de convivencia, ha sido también el Congreso de inauguración de la mesa Género y Constitución, que he tenido el honor de coordinar. Ubicada en la antesala del Congreso, el propósito de esta mesa es convertirse en un espacio en el que, como constitucionalistas, podamos arrojar una mirada crítica de género sobre el tema objeto del mismo. Hacerlo era una asignatura pendiente de nuestra Asociación. Quienes dedicamos buena parte de nuestra labor académica a introducir la perspectiva de género en nuestra disciplina somos conscientes de hasta qué punto el género atraviesa todo el ordenamiento jurídico, convirtiendo la discriminación en una cuestión estructural tan naturalizada que no siempre resulta fácil de percibir, ni de atajar. Y somos conscientes de que ignorar esta realidad sólo contribuye a consolidarla. De ahí la relevancia de que la perspectiva de género esté presente en las mesas de análisis de nuestros encuentros. Y de ahí la relevancia de habilitar en ellos un espacio monográfico de reflexión, dedicado a desentrañar con mayor profundidad los prejuicios de género que informan la materia a abordar. Vaya desde aquí mi agradecimiento a la Junta Directiva de ACoEs, especialmente a su Presidenta, Sefa Ridaura, por impulsarlo.

Que la inauguración de la mesa Género y Constitución tuviera lugar en el marco de nuestro XIX Congreso parecía especialmente pertinente, dada la amplitud y la profundidad con que la gestión de la pandemia ha afectado a nuestros parámetros de convivencia. Para ello contamos con un panel de ponentes a la altura de la ocasión, integrado por Miguel Lorente Acosta, Ana Marrades Puig y María Valvidares Suárez. Contamos también con seis comunicaciones, y con una amplia y cálida acogida por parte de las personas asistentes al Congreso (llegamos a tener más de 30 asistentes presenciales, además de quienes nos seguían online). A todas, a todos, a todes, gracias por formar parte del encuentro.

Fue Miguel Lorente quien abrió la mesa, con una ponencia sobre “El impacto del confinamiento domiciliario en la violencia de género y la respuesta al mismo”. Prof. Titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada y experto en violencia de género (ha sido Delegado del Gobierno para la Violencia de Género y es autor de numerosos y relevantes libros sobre el tema), Miguel Lorente es una de las voces más autorizadas en la materia en nuestro país, como acreditan los premios que ha recibido su labor en el marco de la misma. Su participación supuso una novedad añadida, fruto de la conciencia de que la mirada de género es necesariamente una mirada transversal, cuyo perfil crítico será tanto más incisivo cuanto más se nutra del diálogo entre disciplinas.

La ponencia de Miguel Lorente marcó lo que sería el hilo argumental subyacente a toda la mesa: en materia de género, la pandemia y su gestión no han venido a crear nuevos problemas, sino a intensificar problemas preexistentes. En lo que concierne a la violencia de género, una y otra han puesto sobre todo de relieve su perfil específico, que la singulariza respecto de otros tipos de violencia, muy notablemente respecto de la violencia intrafamiliar o doméstica con que a veces se la quiere asimilar. Ese perfil viene marcado por su objetivo, que se define en términos de control: es el afán del varón que la ejerce de controlar a la mujer (pareja o ex-pareja) que la sufre, siendo el asesinato expresión última de la frustración derivada de la sensación de pérdida de dicho control. Para ilustrarlo Miguel Lorente expuso los principales resultados del estudio Impacto de la pandemia por COVID19 en la Violencia de Género en España, promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por profesorado de la Universidad de Granada (Juan de Dios Luna del Castillo, Miguel Ángel Montero Alonso, Marta Badenes Sastre, además del propio Miguel Lorente). Nos mostró así, en un recorrido en cifras, que durante el confinamiento domiciliario, cuando era difícil escapar al control característico de la violencia de género, el número de asesinatos resultado de la misma descendió a mínimos históricos; que las restricciones de movilidad hicieron disminuir también el número de denuncias; que al mismo tiempo, sin embargo, se produjo un incremento también histórico de llamadas al 016, junto a un aumento del número de suicidios entre mujeres; y nos mostró que todo ello tenía lugar mientras, como contraste, aumentaban levemente los homicidios vinculados a la violencia doméstica. Este contraste pone de manifiesto el distinto perfil de uno y otro tipo de violencia, y la necesidad de que cada cual sea abordada atendiendo a su propia lógica. A confirmarlo vino el dramático aumento de asesinatos tras el final del confinamiento domiciliario y de las posibilidades de control inherentes al mismo, un efecto de acumulación del riesgo de letalidad sobre el que el propio Miguel Lorente había ya advertido en su momento.

A continuación, Ana Marrades, Prof. Contratada Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, presentó su ponencia sobre “Las necesidades de cuidado a partir de la pandemia: el reconocimiento del derecho al cuidado, un asunto pendiente del Estado constitucional”. La ponencia giró en torno a tres puntos: la relevancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida; la escasa atención de que son objeto en derecho público en general, y en derecho constitucional en concreto; y la feminización y precarización de su prestación. Estos rasgos, subrayó, caracterizan los cuidados y nuestra aproximación a los mismos más allá de toda situación de emergencia sanitaria, informando la situación de crisis de cuidados en que las sociedades occidentales vivimos instaladas. La pandemia no ha hecho sino exacerbar esa situación de crisis, haciendo más visible la incoherencia constitucional que supone la preterición de los cuidados: incoherencia con la centralidad de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y a no sufrir dinámicas discriminatorias por razón de sexo-género. La importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida apunta más bien a la exigencia de ponerlos en el centro de atención de nuestro orden constitucional. El reto es cómo hacerlo. La propuesta de Ana Marrades es que, como clave de bóveda, empecemos por reconocer un derecho fundamental al cuidado.

Derecho prestacional de contenido complejo, el derecho fundamental al cuidado propuesto por Ana Marrades abarcaría tanto el derecho a recibir cuidados como el derecho a cuidar, derecho éste último, advierte, que no se debe confundir con las obligaciones derivadas del primero, obligaciones que también generan derechos en las personas vinculadas por ellas. Todas estas facetas deben ser objeto de reconocimiento constitucional y de desarrollo normativo. Su operatividad precisa de la articulación de un sistema público de cuidados orientado a garantizar la sostenibilidad de la vida, y a hacerlo en coherencia con un marco constitucional democrático, regido por el principio de autonomía relacional, sin lugar en él para dinámicas discriminatorias. Como señaló Ana Marrades, la pandemia no sólo ha exacerbado la crisis de los cuidados; también nos ha puesto en alerta sobre la urgencia de prepararnos para crisis venideras (con referencia a la guerra en Ucrania), para que no nos sorprendan sin un sistema de cuidados equitativo y solidario, democrático.

La tercera ponencia corrió a cargo de María Valvidares, Prof. Contratada Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, y versó sobre “Los efectos de la pandemia y su gestión para los colectivos especialmente vulnerables”. En línea con las ponencias anteriores, María Valvidares comenzó subrayando que la especial vulnerabilidad de determinados colectivos antecede a la pandemia, que ésta no ha venido sino a profundizarla. Por vulnerabilidad, aclaró, se refiere a la situación que expone a una persona a un mayor riesgo de vulneración de sus derechos, resultado de la interacción entre sus circunstancias personales y las estructuras (sociales, económicas, jurídicas) de poder que informan nuestros parámetros de convivencia. A partir de ahí centró su atención en las personas que integran dos colectivos especialmente vulnerables: las trabajadoras del sexo y las personas Trans.

En relación con las primeras, y tras explicar los modelos jurídicos desde los que se puede abordar el trabajo sexual (prohibicionista, regulacionista, abolicionista y pro-derechos), María Valvidares explicó que el marco jurídico español es una miscelánea de modelos cuyo rasgo principal es la desprotección de las trabajadoras del sexo, cuya vulnerabilidad queda así jurídicamente consagrada. Esta se vio incrementada en el contexto de medidas restrictivas de la libertad de circulación, con sus repercusiones sobre la capacidad de las trabajadoras del sexo de producir ingresos. Y se vio incrementada, sobre todo, por su exclusión de las medidas sociales articuladas para hacer frente a esa situación excepcional, fruto de la falta de reconocimiento y protección de su actividad. Únase a ello las dificultades administrativas que muchas tienen para acceder a ayudas, exacerbadas en muchos casos durante la vigencia de medidas restrictivas por la pérdida de su lugar de residencia, resultado del cierre de clubs de alterne, en los que muchas habitan. Llamó la atención María Valvidares sobre el hecho de que, en un momento en que nuestros poderes públicos manifestaban su voluntad de atender a las vulnerabilidades generadas o intensificadas por la pandemia, las trabajadoras del sexo quedasen fuera de su ángulo de visión, consecuencia de su exclusión de todo diálogo político y social, fruto a su vez de la negación, en cuanto trabajadoras del sexo, de toda subjetividad política. Reivindica por ello la importancia de que se las integre como interlocutoras en el diseño de normas y políticas públicas que les afectan. La misma reflexión es aplicable a las personas Trans, a cuya vulnerabilidad social y laboral la pandemia añadió vulnerabilidad física y administrativa, motivada por la paralización tanto de los procesos de reasignación y seguimiento médico como de rectificación registral.

Las tres ponencias se coordinaron pues para ofrecernos, desde perspectivas confluyentes, un análisis poliédrico de la incidencia de la pandemia y su gestión en términos de género. Tras ellas se dio paso a una breve exposición de las seis comunicaciones presentadas a la mesa. Tres de ellas abordaron cuestiones relacionadas con Género y Constitución más allá del tema objeto del XIX Congreso. Ignacio Álvarez (Universidad Complutense de Madrid) presentó dos comunicaciones sobre los avances post-machistas; y Lorena Chano (Universidad de Extremadura) abordó los sesgos del tratamiento de la violencia de género en el derecho penal. Otras comunicaciones se centraron en cuestiones relacionadas con la pandemia y su gestión. Mar Esquembre (Universidad de Alicante) se refirió a la necesidad de garantizar que la igualdad, entendida como parificación de estatus, se haga valer también en tiempos de excepcionalidad, en el diseño de las medidas que pretenden hacerle frente; Octavio Salazar (Universidad de Córdoba) reflexionó sobre cómo la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de politizar cuestiones sociales que ahora aparecen instaladas en el terreno de lo emocional, en el melodrama, y en su mercantilización; Clara Souto (Universidad Rey Juan Carlos), en fin, elaboró la necesidad de que al abordar los cuidados, especialmente en tiempos de crisis, nos ocupemos de su relación con la discapacidad, especialmente de la discriminación múltiple que pueden sufrir las mujeres con discapacidad, muy especialmente en relación con la maternidad.

Siguió un reflexivo debate. En él se hizo referencia a cuestiones generales controvertidas dentro del feminismo (situación de las trabajadoras del sexo, la inclusión de las mujeres trans entre los sujetos del feminismo), que por su amplitud y el escaso tiempo disponible excedían de la capacidad de la mesa de abordarlas. Sí se abordaron otras más concretamente relacionadas con las ponencias, entre las que cabe destacar las siguientes: el derecho administrativo como fuente de precarización (la vulnerabilidad administrativa); la ampliación del concepto de violencia de género más allá del perfil que ésta tiene en nuestro ordenamiento, para hacer frente a modalidades de violencia (acoso en redes sociales) cuya expansión se ha precipitado durante la pandemia; las dificultades de la articulación de un derecho al cuidado y las paradojas que pueden derivarse de su reconocimiento, si no viene acompañado de una rearticulación de las relaciones entre los géneros que evite profundizar en la feminización de los cuidados; el callejón sin salida en que se desenvuelven los debates feministas, abocados a considerar opciones políticas y normativas articuladas dentro de un horizonte patriarcal y condicionadas por éste.

Esta reflexión marcó el final de la sesión. Con ella se apuntaba a la necesidad de desarrollar estrategias más profundas de deconstrucción del género, en paralelo a actuaciones enfocadas a hacer frente a situaciones que precisan de soluciones inmediatas. Fue el broche final de un intercambio plural y rico en matices, que promete sentar el tono para ediciones futuras.

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