Sopa de pollo

La tecnología de la sociedad digital, marcadamente disruptiva, precipita los cambios. También el de la memoria cívica. El goloso placebo de los servicios exentos de pago, el poder ser publicistas de nuestras vidas, los “me gusta” y las nuevas voces que, desde la red, constituyen autoridad, nos han sumergido en lo que los sociólogos chinos de la experiencia virtual denominan cultura diaosi (o de la sopa de pollo para el alma), que amortigua, mediante el antídoto del entretenimiento y la motivación, el sentimiento de precariedad mayoritariamente existente en las sociedades de nuestros días.

Las costuras, formales e informales, que ordenan las obligaciones mutuas y la gobernanza colectiva -nuestro, ya viejo, contrato social- se están debilitando y es tiempo de pensar en alguna terapia de refuerzo. El remedio, si quiere ser eficaz, ha de pasar, como en la revolución liberal, por la constitución y el derecho.

Imaginar soluciones no es fácil. Pero, entre otros, el neurobiólogo español, Rafael Yuste, portavoz del Grupo Morningside de la Universidad de Columbia, ya ha puesto sobre el tapete algunas ideas útiles. Ante el avance imparable de la neurociencia y la inteligencia artificial, es necesario proteger la identidad mental de las personas, prohibiendo su manipulación. Frente al abuso, los sesgos y la injerencia, ha de incorporarse a la constitución el derecho fundamental a la neuroprotección.

Solo la magnitud de los riesgos explica que, desde la ciencia, se reclame una respuesta jurídica, y que hayan sido científicos, y no juristas, los primeros en identificar un conjunto básico de neuroderechos o vertientes de aquel derecho fundamental:  el derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, a no padecer injerencias y a la no discriminación por razón de sesgos. Derechos, sin los que, más pronto que tarde, no será posible salvaguardar la individualidad e integridad mental de las personas ante el imparable ascenso de la neurotecnología y su capacidad para conocer nuestras emociones e inducirnos actitudes y pensamientos.

El pasado 29 de septiembre, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de reforma del art. 19.1 de su Constitución con el propósito de incorporar a la misma el derecho a la neuropreotección como un derecho fundamental de configuración legal: “El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

Se ha dado el primer paso. La historia de los derechos fundamentales consolida un nuevo capítulo: el de la sociedad digital. Se avecinan revisiones, innovaciones y cambios. La visión liberal del individuo frente al estado resulta ahora manifiestamente insuficiente y tendrá que acoger un nuevo “individual vs. GAFAM” mucho más esquivo y deslocalizado. Por cierto, nada que ver con la dislocada adenda del legislador español, cuando decidió (L.O. 3/2018, de 5 de diciembre) incluir las garantías de los derechos digitales a la legislación reguladora del derecho a la protección de datos personales.

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